El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” establece los objetivos de gobierno y busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto para construir el futuro de nuestro país. También contempla como hoja de ruta “Un campo para la equidad”, que en las circunstancias actuales nos lleva a retomar ese concepto para analizar si en realidad hay equidad en el campo, en el campo agropecuario.

La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino valorarlas y ofrecer un trato equivalente y justo para superar las desigualdades existentes. El uso de la equidad debe estar acorde con el contenido literal de la norma teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema político del Estado y los principios generales del Derecho. La equidad en definitiva debe completar lo que la justicia no alcanza, cualidad que consiste en dar a cada cual lo que merece en función de sus méritos o condiciones, en no favorecer a un sector perjudicando a otro.

En este sentido, si se examina la política para el campo en nuestro país se evidencia que ha venido favoreciendo más al subsector pecuario que al subsector agrícola, viéndose más afectado el sector agroalimentario conformado por los cultivos de ciclo corto y específicamente por los granos básicos de la seguridad alimentaria. No se trata de establecer o imponer obstáculos al libre comercio, sino de ajustar medidas que le permitan también generar condiciones competitivas al sector agro, de formalización empresarial y de recuperar poco a poco la rentabilidad del campo.

Para el caso de nuestro sector cerealista y de leguminosas, no solo es la desprotección arancelaria que le permitió acceder a materias primas e insumos subsidiados y de bajo costo a la actividad pecuaria, más no así al sector agro. En el encadenamiento productivo el sector pecuario mantiene cierta protección para sus productos terminados (tanto en el TLC con USA como con los países que aplica la Franja Andina de Precios), lo cual no sucede con el sector productivo agrario, ni con el agroalimentario, que debe asumir el costo país de la falta de bienes públicos en investigación (dependencia tecnológica en semillas e insumos), falta dotar de infraestructura de postcosecha a las regiones productoras (intermediación comercial sin encadenamiento productivo), costo del dinero (amplio margen de intermediación bancaria), costo de los combustibles (que encarece no solo el transporte de insumos y del producto terminado por vías en mal estado sino todas las labores mecanizadas desde la preparación, siembra, aplicaciones, riego, cosecha, secamiento) que darían lugar a implementar tarifas diferenciales o un diésel agrícola para la producción de alimentos.

En lo tributario, la producción de alimentos del sector pecuario tiene un tratamiento diferencial (régimen exento a lo largo de todo el proceso productivo) mientras que la producción de alimentos provenientes del campo agrícola está excluido y debe asumir todos los IVAs al costo sin poderlo trasladar al precio de su producto, y además no tiene como descontarlos, cruzarlos o que se practique la devolución. Se requiere una política fiscal unificada para todo el sector agropecuario y prioritariamente para los que competimos con las importaciones, ya que los productores agrícolas de esos otros países no tienen que asumir esa carga tributaria que sopesa sobre el productor local.

Igualmente se tiene que pensar en un mecanismo de equidad competitiva que equipare el aporte de la cuota parafiscal que paga el productor nacional de granos básicos, mientras que la materia prima importada equivalente no está obligada. Con los precios actuales, estamos hablando de un diferencial que grava con dos (2) dólares por tonelada al maíz nacional y tres (3) dólares por tonelada en el caso de la soya producida localmente, favoreciendo la competitividad del grano importado.

Colombia está en mora de implementar sistemas de trazabilidad vegetal para controlar la calidad de las materias primas que se importan al país. Se debe propender por eliminar prácticas de competencia desleal como la de importar granos de mala calidad para bajar a toda costa el precio en el mercado interno, permitiendo la entrada al país de maíz de mala calidad, fuera de norma, que son comercializados al interior de la cadena agroalimentaria indistintamente para el consumo humano y animal, que no solo lleva a la quiebra al productor o inversionista local sino que conlleva grave riesgo para la salubridad pública del consumidor final y especialmente para la niñez. Si no hay trazabilidad desde las materias primas cada vez será más difícil lograr admisibilidad de nuestros productos terminados en el mercado internacional. La sanidad y la inocuidad viene desde el campo, pero se necesita tener normas de comercio justo y ético para competir con productos equiparables.

Finalmente, es inconcebible que los cultivos agroalimentarios responsables de los granos básicos de la seguridad alimentaria no cuenten con un Fondo de Estabilización de Precios. Son mecanismos de fomento y desarrollo, creados por la ley 101 de 1993, que buscan el equilibrio de precio de un producto, con miras a fortalecer su comercialización. El derecho a competir no es un derecho absoluto, la libre competencia no implica que el Estado no imponga ciertos controles que le permitan desarrollar principios constitucionales como el Artículo 65 para la producción, distribución, utilización y consumo de alimentos. Existen fondos de estabilización de precios en los combustibles; el Fondo de Estabilización de Precios de la Palma, del azúcar, del ganado; para el fomento de la exportación de carne, leche y sus derivados, y más recientemente del café, pero no para granos básicos alimenticios como los cereales (fuente de calorías) o las leguminosas (como la soya o el frijol) fuente de proteína en la seguridad alimentaria de los colombianos.

Si queremos una Colombia productiva y rentable que contribuya a dinamizar la economía desde lo rural, hay campo para la equidad, para que haya equidad con el campo y principalmente con la producción de alimentos en el campo agrícola.

Henry Vanegas A.

Gerente General

FENALCE